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| Fotografía: Archivo Ecodes Ingeniería. 2013 |
Ordenamiento ambiental para el otorgamiento de baldíos. Para la entrega de un baldío de la nación, ya sea título de propiedad o en la modalidad de arrendamiento, la autoridad ambiental señalará, a partir de una evaluación del mismo y previamente a su entrega, las áreas que dentro del mismo estén protegidas por la ley, así como de otras que, por su valor ecológico, deberán ser protegidas, o que requieran restauración. En la adjudicación de baldíos, tendrán prioridad los pequeños productores campesinos y al estimar el tamaño de las unidades agrícolas familiares se consideraran las partes del predio que deben ser dedicadas a la conservación y gestión de servicios ecosistémicos. Para los proyectos agroindustriales se definirán las partes del predio que deben dedicarse a la conservación y recuperación de SE. El daño a las áreas protegidas así señaladas, acarreará las sanciones de ley, e incluso podría generar la reversión del título. Toda la intervención debe estar ajustada a las buenas prácticas agropecuarias en términos de sostenibilidad ambiental.
Arriendo de baldíos. Aplicando el principio de precaución y dadas las negativas experiencias de Brasil y Argentina, que de manera relativamente reciente han transformado extensas áreas de ecosistemas naturales en zonas de producción agroindustrial; consideramos que antes de proponerse intervenciones de la agroindustria en estas áreas, es necesario un conocimiento más detallado de los ecosistemas presentes en la Orinoquía y en la Amazonia, no solo en términos de sus interelaciones locales y regionales, sino también nacionales y globales asociados con el clima y el ciclo hidrológico. En todos los casos, antes de arrendar a particulares un baldío el Estado debe elaborar un levantamiento ecológico detallado de las características específicas de la estructura y las funciones de los ecosistemas territoriales involucrados. Las personas a quienes el Estado arriende baldíos para su uso comercial deberán comprometerse en el acto jurídico que les arriende el lugar a devolver al Estado el predio en las mismas o en mejores condiciones ecológicas a las existentes cuando lo recibió. En caso de arrendamiento de grandes extensiones de baldíos para proyectos agro-industriales, tal como se prevé en el caso de la Orinoquia, el gobierno sólo cobrará el canon de arrendamiento por el área que se pudiere dedicar a la actividad productiva, de acuerdo al ordenamiento ambiental del mismo. Además, se establecerá una deducción tributaria al arrendatario por los gastos que incurra para asegurar un adecuado manejo de las áreas que por estar protegidas por ley, como son, en el caso de la Orinoquia, los morichales, humedales y matas de monte, o que por considerarse de especial valor ecológico, se excluyan de la actividad productiva, a partir del ordenamiento ambiental que se realice del predio previamente a su entrega.
Manejo ambiental de áreas que se transformen para la agroindustria. Todo predio que contenga ecosistemas con alta naturalidad (Bosque o sabanas naturales) que se pretenda transformar para fines agroindustriales que tenga una extensión entre 100 y 500 hectáreas, requerirá de un Plan de Manejo Ambiental aprobado por la autoridad ambiental respectiva. Si tiene una extensión mayor de 500 hectáreas requerirá de licencia ambiental.
Amazonía: El Gobierno Nacional implementará un esquema de incentivos (monetarios y no monetarios), para la conservación y protección de los recursos naturales, estos incentivos deberán estar adaptados a las condiciones socio-culturales de la Amazonía Colombiana. Estos incentivos permitirán el desarrollo de actividades de uso sostenible, asegurando la preservación y manejo eficiente y equitativo de los recursos naturales. El Gobierno Nacional, a través del MADS, liderará, con los diferentes sectores productivos del país, la implementación de actividades de desarrollo bajo en carbono y la disminución de la deforestación en la región amazónica. Estas actividades deberán priorizar la conservación de la diversidad biológica y socioculturales, mejorando los ingresos de los pobladores asentados en los bosques, como estrategia para mantener la (integridad) calidad y cantidad de los servicios eco-sistémicos. Estas acciones guardaran armonía con las políticas de desarrollo territorial, garantizando la sostenibilidad e integridad ambiental, económica y social de la región.
El Gobierno Nacional incluirá en sus programas de desarrollo rural los créditos, estímulos y asistencia técnica necesarios, para estimular actividades de manejo sostenible de los recursos naturales.
La Reforma Rural Integral debe partir del OAT y considerar las características del suelo para la asignación de tierras a víctimas del conflicto, excombatientes, colonos y comunidades locales previamente asentadas en estas áreas, y solo excepcionalmente puede basarse en la sustracción de zonas de Reserva Forestal. El OT con determinantes ambientales orientadores, debe ser el punto de entrada en los espacio de construcción de paz donde la riqueza y fragilidad de las características biofísicas del territorio interactúan y definen posibilidades para un desarrollo local sostenible (MADS & PNUD, 2014b). Zonas con vocación forestal deben protegerse y evitar su transformación en áreas para producción agropecuaria. En estas zonas, hay que innovar con actividades apropiadas al potencial de uso sostenible del territorio y con novedosos acuerdos para el manejo del mismo.
Las Zonas de Reserva Campesina se utilizaran como herramienta para el OT y la detención de la expansión de la frontera agropecuaria.
En todas las unidades productivas que se titulen, se debe asignar áreas de conservación y producción e incluir la posibilidad de asignación de tierras a Juntas de Acción Comunal u otro tipo de organizaciones que puedan ser adjudicatarias o receptoras para administrar áreas boscosas cuyo propósito sea mantener el bosque y sus servicios ambientales haciendo uso sostenible de los mismos. Hay posibilidades de desarrollo local en zonas de reserva forestal de Ley 2 que no requieren sustracción y que pueden ser potencializadas (PNUD, 2014).
El Gobierno Nacional y sus delegaciones de país en las negociaciones internacionales, han acordado asociar la Adaptación al Cambio Climático, la Reducción de Riesgos y la Resiliencia Urbana como estrategias del Ordenamiento Ambiental del Territorio. La incorporación integral de estos enfoques en la planificación local y regional exige el diseño de indicadores para su monitoreo y apropiación por parte de Gobiernos Locales y Subnacionales. Los avances y resultados de estos procesos de planificación urbana y regional serán incorporados a la posición de Colombia en HABITAT III, 2016.
Fuente: Documento propuesta para la consolidación de política ambiental en el PND 2015 - 2018
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